Es un aporte valioso al sistema legal
Por Alberto Villar Campos
La compleja imagen que los peruanos solemos tener del Poder Judicial --la de un monstruoso edificio de oficinas con puertas cerradas, cientos de máquinas de escribir vetustas e interminables rumas de papeles inútiles-- parece perder fuerza, felizmente, gracias a una interesante propuesta civil que, hace pocos días, se alzó con el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales en la categoría Transparencia y Acceso a la Información.
Se trata del proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia, gestado por la Comisión Andina de Juristas (CAJ) --una organización no gubernamental que trabaja en seis países de la región para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de justicia-- con el objetivo de acercar la ley a la población. ¿De qué manera? A través de una página web en la que se publican las decisiones (resoluciones, sentencias, etc.) de los jueces peruanos que, voluntariamente, acepten participar.
Eddie Cóndor, coordinador de la CAJ, comenta que el proyecto nació a partir de la necesidad de la población de participar en la evaluación y el seguimiento de la función pública. "Actualmente hay un concepto colectivo de que los jueces tienen una cultura guiada hacia el secretismo, pero, durante la implementación, vimos que muchos de ellos estaban abiertos a la transparencia, que querían no solo cumplir con su función sino, además, aportar a la construcción de la ciudadanía a partir de sus conocimientos", recalca. De esta forma, el proyecto, iniciado hace tres años, invitó a jueces de distintos niveles funcionales en nueve ámbitos jurisdiccionales del Perú (Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Lima Norte) a colgar su trabajo en Internet. Y la respuesta no se hizo esperar: actualmente, la página web www.auditoriajudicial.org.pe posee una lista ordenada con cientos de sentencias y otros documentos emitidos por unos 65 magistrados de todo el país.
Otro aspecto remarcable de este proyecto es la participación activa de la sociedad a través de estudiantes universitarios. Hasta el momento, indica Cóndor, más de 200 jóvenes voluntarios pertenecientes a facultades de Derecho se encargan de recabar, evaluar y sistematizar la información enviada por los jueces que acceden a publicar sus trabajos.
APERTURA A LAS CRÍTICAS La jueza civil de la Corte Superior de Lima, María Isabel Hasembank, fue una de las primeras en entregar el íntegro de sus sentencias del 2005 --que superan 500-- al proyecto. Aunque asegura que su labor, muchas veces ardua y solitaria, es ya sometida a controles internos en el Poder Judicial, la magistrada indica: "Es conveniente que el ciudadano sepa cómo los jueces están resolviendo y puedan calificarnos. Esta es una medida que nos va a exigir una especial dedicación y una mejor preparación, pues nuestras resoluciones estarán abiertas a las críticas", añade.
Hasembank explica que, a partir de la información que sus colegas entreguen, tanto los especialistas en leyes como la población en general podrán analizar la calidad de las resoluciones y saber si "el juez está resolviendo de cara a los problemas sociales o si, más bien, lo hace de espaldas a ellos".
Respecto de si los ciudadanos seremos o no capaces de entender los documentos colgados por los magistrados, la jueza indica que, pese a que aún no se ha avanzado mucho, la idea es que, en un futuro, la transparencia judicial se demuestre no solo en la actitud del juez, sino también en que sus sentencias sean comprendidas por quien no es un entendido en el Derecho. "Esto nos ha llevado a preocuparnos por eliminar los latinazgos, a hacer que las leyes sean un instrumento de uso diario en las personas y que, consecuentemente, ellas puedan hacer valer sus propios intereses y defender sus derechos", concluye la jueza.
Cóndor, por su parte, señala que ese proyecto ganador será, dentro de poco, puesto en marcha en Bolivia y probablemente, aunque a mediano plazo, en Ecuador, países que poseen una realidad judicial similar a la peruana. Sin embargo, espera que nuestro Poder Judicial adecúe pronto las herramientas sin duda útiles de este novedoso sistema. "Si bien, subraya, el portal de dicho órgano estatal ha colgado ya resoluciones de la Corte Suprema, siempre será necesario que más jueces participen en esta apertura a la sociedad".
"Es un aporte valioso al sistema legal"Para Luis Mena, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia es un valioso aporte para los magistrados del país.
"Este sistema de transparencia aporta al precepto constitucional de la sana crítica que pueda hacer cualquier ciudadano a las resoluciones judiciales, de tal manera que estas sean debatidas y criticadas siempre desde la perspectiva constructiva", señaló.
Mena indicó que es necesaria una política de cascada en el Poder Judicial, de manera que las distintas instancias judiciales del país (salas superiores, juzgados especializados y jueces de paz letrados, entre otros) puedan dar a conocer de forma clara su trabajo a la comunidad.
El funcionario indicó que, actualmente, unos 2.118 jueces laboran en el Perú en todas las instancias, entre magistrados supremos y jueces de paz letrados. Asimismo, señaló que debe tomarse muy en cuenta la labor de los 5.339 jueces de paz del primer nivel, porque ellos "trabajan de acuerdo con sus usos y costumbres, lo que permitiría establecer una identidad nacional en el tema de administración de justicia que nos permitiría no olvidarnos de los verdaderos rostros al interior del país".
Por Alberto Villar Campos
La compleja imagen que los peruanos solemos tener del Poder Judicial --la de un monstruoso edificio de oficinas con puertas cerradas, cientos de máquinas de escribir vetustas e interminables rumas de papeles inútiles-- parece perder fuerza, felizmente, gracias a una interesante propuesta civil que, hace pocos días, se alzó con el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales en la categoría Transparencia y Acceso a la Información.
Se trata del proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia, gestado por la Comisión Andina de Juristas (CAJ) --una organización no gubernamental que trabaja en seis países de la región para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de justicia-- con el objetivo de acercar la ley a la población. ¿De qué manera? A través de una página web en la que se publican las decisiones (resoluciones, sentencias, etc.) de los jueces peruanos que, voluntariamente, acepten participar.
Eddie Cóndor, coordinador de la CAJ, comenta que el proyecto nació a partir de la necesidad de la población de participar en la evaluación y el seguimiento de la función pública. "Actualmente hay un concepto colectivo de que los jueces tienen una cultura guiada hacia el secretismo, pero, durante la implementación, vimos que muchos de ellos estaban abiertos a la transparencia, que querían no solo cumplir con su función sino, además, aportar a la construcción de la ciudadanía a partir de sus conocimientos", recalca. De esta forma, el proyecto, iniciado hace tres años, invitó a jueces de distintos niveles funcionales en nueve ámbitos jurisdiccionales del Perú (Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Lima Norte) a colgar su trabajo en Internet. Y la respuesta no se hizo esperar: actualmente, la página web www.auditoriajudicial.org.pe posee una lista ordenada con cientos de sentencias y otros documentos emitidos por unos 65 magistrados de todo el país.
Otro aspecto remarcable de este proyecto es la participación activa de la sociedad a través de estudiantes universitarios. Hasta el momento, indica Cóndor, más de 200 jóvenes voluntarios pertenecientes a facultades de Derecho se encargan de recabar, evaluar y sistematizar la información enviada por los jueces que acceden a publicar sus trabajos.
APERTURA A LAS CRÍTICAS La jueza civil de la Corte Superior de Lima, María Isabel Hasembank, fue una de las primeras en entregar el íntegro de sus sentencias del 2005 --que superan 500-- al proyecto. Aunque asegura que su labor, muchas veces ardua y solitaria, es ya sometida a controles internos en el Poder Judicial, la magistrada indica: "Es conveniente que el ciudadano sepa cómo los jueces están resolviendo y puedan calificarnos. Esta es una medida que nos va a exigir una especial dedicación y una mejor preparación, pues nuestras resoluciones estarán abiertas a las críticas", añade.
Hasembank explica que, a partir de la información que sus colegas entreguen, tanto los especialistas en leyes como la población en general podrán analizar la calidad de las resoluciones y saber si "el juez está resolviendo de cara a los problemas sociales o si, más bien, lo hace de espaldas a ellos".
Respecto de si los ciudadanos seremos o no capaces de entender los documentos colgados por los magistrados, la jueza indica que, pese a que aún no se ha avanzado mucho, la idea es que, en un futuro, la transparencia judicial se demuestre no solo en la actitud del juez, sino también en que sus sentencias sean comprendidas por quien no es un entendido en el Derecho. "Esto nos ha llevado a preocuparnos por eliminar los latinazgos, a hacer que las leyes sean un instrumento de uso diario en las personas y que, consecuentemente, ellas puedan hacer valer sus propios intereses y defender sus derechos", concluye la jueza.
Cóndor, por su parte, señala que ese proyecto ganador será, dentro de poco, puesto en marcha en Bolivia y probablemente, aunque a mediano plazo, en Ecuador, países que poseen una realidad judicial similar a la peruana. Sin embargo, espera que nuestro Poder Judicial adecúe pronto las herramientas sin duda útiles de este novedoso sistema. "Si bien, subraya, el portal de dicho órgano estatal ha colgado ya resoluciones de la Corte Suprema, siempre será necesario que más jueces participen en esta apertura a la sociedad".
"Es un aporte valioso al sistema legal"Para Luis Mena, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia es un valioso aporte para los magistrados del país.
"Este sistema de transparencia aporta al precepto constitucional de la sana crítica que pueda hacer cualquier ciudadano a las resoluciones judiciales, de tal manera que estas sean debatidas y criticadas siempre desde la perspectiva constructiva", señaló.
Mena indicó que es necesaria una política de cascada en el Poder Judicial, de manera que las distintas instancias judiciales del país (salas superiores, juzgados especializados y jueces de paz letrados, entre otros) puedan dar a conocer de forma clara su trabajo a la comunidad.
El funcionario indicó que, actualmente, unos 2.118 jueces laboran en el Perú en todas las instancias, entre magistrados supremos y jueces de paz letrados. Asimismo, señaló que debe tomarse muy en cuenta la labor de los 5.339 jueces de paz del primer nivel, porque ellos "trabajan de acuerdo con sus usos y costumbres, lo que permitiría establecer una identidad nacional en el tema de administración de justicia que nos permitiría no olvidarnos de los verdaderos rostros al interior del país".
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